Inicio Uncategorized Peña Nieto, diputados y Función Pública también sabían de la Estafa Maestra

Peña Nieto, diputados y Función Pública también sabían de la Estafa Maestra

Ciudad de México.- “Están abusando del artículo 1 de la ley de adquisiciones, las universidades están para educar, no hacerla de intermediarios. Los servicios se simularon. El dinero se pasó a empresas y terminó en esta”, señalaba Juan Manuel Portal en el pliego de papel que ocupaba toda la mesa de la oficina. Era el esquema que explicaba la red de compañías donde habían terminado recursos públicos. El entonces auditor superior lo exponía a la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles.

Ella negaba que hubiera alguna irregularidad, además, “por eso contratamos a las universidades; son instituciones de respeto”, decía. Ni siquiera el esquema de las empresas que parecía una telaraña, lo que para investigadores financiero sería un ejemplo de lavado de dinero, pudo hacerla ceder su posición: todo se hizo bienm insistió una y otra vez durante la hora que duró el encuentro.

Por eso, días después, Robles mandó las supuestas pruebas al edificio de la Auditoría Superior de la Federación en la colonia Del Valle: un camión con 63 cajas de cartón con miles de documentos que incluían cartas firmadas por funcionarios de la Sedesol y las universidades, con la aceptación de los servicios, facturas, convenios, registros de entregas.

Pero «todo era basura», nada de eso demostraba que los servicios se habían hecho. “Eran copias con fotografías de eventos que no sabemos ni de dónde son, papeles que no decían nada absolutamente, no eran prueba, ni evidencia de nada”, dice el exauditor superior, Juan Manuel Portal, en entrevista con Animal Político.

Esa fue una de las cinco reuniones entre ambos, entre 2014 y 2017, para tratar el mismo tema: en la Sedesol y Sedatu, las dependencias que Robles dirigió, ocurrían las mismas irregularidades y no debía seguirse permitiendo.

Se refería al uso excesivo de la excepción al artículo 1 de la Ley de adquisiciones, que permite hacer contrataciones entre instituciones de la administración pública sin necesidad de hacer licitaciones. En este caso se hacían convenios para supuestos servicios con universidades, y la Auditoría identificó que éstas subcontrataban hasta 98% de los servicios con empresas, pese a que la ley sólo permitía hasta 42%.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad retomaron esta información e investigaron a las empresas que habían sido utilizadas entre 2014 y 2015, con el fin de hacer supuestos servicios por medio de 8 universidades, para 11 dependencias del gobierno federal.

La investigación periodística de La Estafa Maestra reveló así en 2017 que de 186 empresas utilizadas, 128 eran ilegales o fantasma, por lo que más de 3 mil millones de recursos públicos desaparecieron.

En otras dos reuniones, también estuvo presente el entonces oficial mayor de ambas dependencias y mano derecha de la titular, Emilio Zebadúa, quien era el responsable de administrar los recursos. La Auditoría sabía que sus subalternos firmaban los convenios con las universidades.

“Que no la engañen, secretaria, las universidades no están para esos servicios. ¿Por qué no hicieron una licitación? ‘Es que había poco tiempo’, me respondía. Sí, ya lo vi, a las universidades que le dio usted millones de pesos, en un día se hizo la invitación, al otro día se hizo el contrato y al día siguiente ya estaba todo entregado en la República, pues ¿cómo le hacen?”, dijo el exauditor durante una de las reuniones.

Con información de Animal Político

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