La Corte favorece a un candidato

Resulta interesante notar que son varias las personas, sobre todo Ministros que, se oponen a que instancias federales tengan una postura por el delito de desacato al que incurrió Javier Corral, gobernador de Chihuahua, desacato que se dio tanto a un juez como a un magistrado de orden federal.

También resulta novedoso el ver que viene de una instancia estatal, como lo es una gubernatura, la que se interponga ante una apelación Federal. El pato disparando a la escopeta.

Las reacciones han venido por parte de la Corte y el Consejo de la judicatura, por lo que han empezado a caer cierto tipo de informaciones, sobre todo de fuentes anónimas, que hablan sobre que la postura en la cuál están situados dichos Ministros obedece al miedo de entorpecer el camino que lleva Ricardo Anaya por la coalición “Por México al Frente”, (PAN, PRD, Movimiento Ciudadano).

Suponiendo  la lógica que conlleva, que al final, hay detractores también, lo que comentamos al principio de este artículo, puesto que hay oposición de Ministros a la postura en contra del Poder Judicial, no existiría si no estuviera su contraparte: los que la defienden.

Si miramos en retrospectiva, meramente como un antecedente podemos recordar que a finales del año pasado, se le dictó prisión a Alejandro Gutiérrez, el otro Secretario General Adjunto del PRI y uno de los brazos fuertes de Beltrones, acusado de la triangulación de recursos públicos hacia su partido en las pasadas elecciones intermedias ocurridas hace tres años. Mismo que fue señalado por Jaime Herrera Corral (ex secretario de Finanzas de César Duarte), por el desvío de 250 millones de pesos, recursos que serían destinados a la educación chihuahuense.

El argumento de Gutiérrez en aquél entonces fue que había un acuerdo para usar ese monto hacia las campañas locales también en Tamaulipas y Veracruz. Lo anterior al final consiguió el encarcelamiento de Gutiérrez (y de otros dos ex funcionarios) por un delito federal, como es el de desviación de fondos, pero, en un penal de la Ciudad de México, lo que se interpretó como una medida de protección hacia los imputados con el plus de la demora de la extradición de Duarte.

Sin embargo, antes de trasladar a los acusados a través de la instancia Federal, la local se interpuso al argumentar que aun había varios delitos de fuero común que tenían que ser resueltos en su entidad. No prosperó y se giró una orden para poder trasladarlos, pero hace unos días, en el momento mismo del traslado y con un amparo en mano, sólo les fue concedido cambiarlos de penal dentro de la misma entidad.

El Consejo de la Judicatura Federal no ha fijado una postura. Llama la atención la prisa que parece que les corre en otros asuntos quizá, de menor índole. Nos resta esperar el veredicto de las autoridades.

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