Función Pública tiene mano muy blanda con los funcionarios que investiga

Mientras que las investigaciones acerca de Odebrecht y el Paso Exprés continúan abiertas en la Secretaría de la Función Pública (SFP), la organización civil Impunidad Cero denunció que entre 2012 y 2016 menos del 1% de sanciones contra funcionarios públicos por malas prácticas resultaron en la destitución de los mismos.
Y que apenas el 1.7 % terminó en sanción económica.
Apenas el 30 de abril pasado, la secretaria de la SFP, Arely Gómez, señaló ante el Senado que a la constructora brasileña Odebrecht ya se le han impuesto sanciones, entre ellas inhabilitaciones a algunas de sus filiales, pero que el caso sigue abierto, ya que la dependencia tiene hasta el próximo 30 de noviembre para resolverlo.
Por cierto, será el último día de la presidencia de Enrique Peña Nieto.
En cuanto al expediente por el socavón del Paso Exprés que causó la muerte de dos personas, señaló la titular de la SFP: “Continúa trabajando para deslindar las responsabilidades administrativas”. Pero con pocas esperanzas de una justicia efectiva. El estudio de Impunidad Cero anota que si bien esa dependencia emite todos los años miles de sanciones, la impunidad registra niveles muy elevados.
Por ejemplo, 40% de los castigos a servidores y funcionarios públicos se queda en sanciones menores, que se resuelven con “una amonestación” pública o privada.
Ese informe, dirigido por el investigador Luis Darío Ángeles, la SFP solamente sancionó, en promedio, el 13.4 % de las quejas o denuncias que recibe. “Esto implica, en principio, que en las denuncias existe una impunidad en la Administración Pública Federal del 86.6 %”. Y de las sanciones a funcionarios emitidas por la SFP, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anula el 41.8 %: “Lo que quiere decir que la cantidad de casos que no se sancionan aumenta del 86.6 % a un 92.2 %”.
Además, de las 16 mil multas económicas que esa secretaría ha impuesto apenas ha recuperado el 0.5% de las multas.
El sitio de noticias Animal Político entrevistó al investigador de Impunidad Cero respecto a este estudio. Ahí señaló que: “Para que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) funcione a pleno rendimiento es necesario generar una política de información pública en tema de sanciones”, que permita enfrentar la corrupción y también la impunidad.
Una vez que se publicó el informe de Impunidad Cero, la SFP emitió un comunicado en el que precisó que los porcentajes de denuncias no sancionadas: “No significa necesariamente impunidad, ya que no todas las denuncias cuentan con los elementos para sancionar”.
Sin embargo, se ha visto que las sanciones son blandas, no se cumplen y que las investigaciones son muy lentas. Al menos así lo ha evidenciado, por ejemplo, lo relativo al Paso Exprés. El mismo investigador de Impunidad Cero lo especificó en esa entrevista:
“En el Paso Exprés no se cometieron irregularidades leves, sino graves. Y el hecho de que meses después no se haya anunciado aún sanciones a funcionarios públicos involucrados en la muerte de dos personas, es una clara muestra de impunidad”, concluyó.

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