Damnificados del sismo siguen atrapados en la burocracia y viviendo en la calle

Damnificados del sismo siguen viviendo en la calle

María de Jesús Ugalde se para en el camellón de la avenida General Emiliano Zapata, en la delegación Benito Juárez, y en silencio observa el vacío que antes del sismo del 19S ocupaba un edificio de seis plantas en la calle Petén 915.

“Ahí vivíamos 12 familias apuntando a lo que ahora es un predio cercado por tablones, donde a través de los huecos de las maderas puede apreciarse restos de fierros retorcidos, y el hueco intacto del elevador”, afirma Ugalde.

“Diez personas murieron en mi edificio” Añade la mujer haciendo un esfuerzo para no romper a llorar

María de Jesús no estaba en su departamento. Tuvo suerte de no estar en el lugar equivocado durante el sismo que dejó 228 muertos solo en la Ciudad de México. Aunque con el ceño fruncido y un paquete de documentos garabateados acaparando sus manos, la mujer dice que no se siente afortunada. Al contrario, recalca, además de la muerte de su madre, ahora está viviendo “otra tragedia”: la de enfrentar a la burocracia para reconstruir su patrimonio.

Obstáculos y más obstáculos

“Los damnificados perdimos nuestras propiedades, nuestras vidas y a nuestros seres queridos. Y además, vemos que al Gobierno de Miguel Ángel Mancera no le interesa la reconstrucción, porque lo único que nos ha puesto son obstáculos y más obstáculos” asevera María de Jesús.

Como si fuera algo nuevo ¿Dónde estuvo nuestro gobierno durante el desastre natural que azotó a la sociedad mexicana? Bañándose en dinero y riéndose de nuestras desgracias.

El primer obstáculo fue conseguir un dictamen de desastre. Antes del sismo, explica la mujer mientras va sacando con un ritmo vertiginoso documentos de varias carpetas, jamás había escuchado de ese dictamen. Pero tras el colapso de su edificio en cualquier ventanilla se lo exigían: las compañías de luz, agua, gas, y hasta de telefonía e internet. Y por supuesto, también la aseguradora, que amenazaba con no hacer válida la póliza “México, el país con más abusos de autoridad”

Un mes después, y luego de investigar por su cuenta dónde acceder a ese documento, María de Jesús y sus vecinos consiguieron el dictamen de desastre que otorga el Instituto para la Seguridad de las Estructuras.

Luego, tuvo que poner una denuncia en el Ministerio Público por el derrumbe del edificio y el saqueo de pertenencias, y a continuación registrarse en la plataforma ‘Salvemos tu casa’, para que se les reconociera como damnificados y acceder a las opciones de financiamiento que ofrece el gobierno capitalino.

Una verdadera mentada de madre, poner tantas trabas para ayudarnos cuando en realidad debería ser su obligación.

A continuación, María de Jesús saca un folleto de la carpeta y explica que el crédito que les plantearon era de dos millones de pesos, pagando 16 mil 500 pesos fijos por los próximos 20 años. Pero había un detalle: los mayores de 65 años no podían acceder al crédito, bien abusados los cabrónes.

¿Quieren hacer negocio?

El 1 de diciembre se publicó la Ley para la reconstrucción de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la capital. María de Jesús y sus vecinos ven entonces un rayo de luz. Confían en que con esa nueva legislación los trámites de la reconstrucción se van a simplificar y todo será más fácil, uy si, como no.

Pero tienen que esperar casi dos meses, hasta el 30 de enero, para conocer los requisitos y la normatividad de la Ley. Y aun así, la maraña de trámites y documentos no se dispersa. De hecho, seis meses después aún no acceden al Certificado de Derechos de Reconstrucción (CEDRA) que establece la Ley, debido a que, según denuncia María de Jesús, la Procuraduría Social (PROSOC) les exige la escritura original del régimen de condominio. Un documento que ningún vecino tiene a la mano tras el colapso del edificio.

Una vez que consigan el Certificado de Derechos de Reconstrucción, María de Jesús relata que en la SEDUVI les refirieron que los damnificados deben contratar por su cuenta y gasto un estudio de Mecánica de Suelos. Algo que, debería hacer el gobierno de la ciudad.

“El gobierno es el que tiene a los expertos, y también el presupuesto. Por este terreno, un estudio de ese tipo te cuesta entre 80 y 100 mil pesos. ¿De dónde vamos a sacar los damnificados ese dinero?”.

María de Jesús critica que, en realidad, la Ley de Reconstrucción oculta una intención de “beneficiar a las constructoras”. Y para sostener esa opinión, la damnificada toma el documento de la ley y señala el artículo 38 que establece que para financiar las nuevas viviendas en la zona colapsada, la constructora podrá levantar viviendas adicionales y luego venderlas.

Ese mismo artículo, en el apartado I, señala que la SEDUVI otorgará a los predios de los inmuebles que colapsaron un incremento de hasta 35% respecto a la zonificación establecida en los programas de desarrollo urbano. Mientras que el apartado II, dice que los propietarios “cederán un porcentaje de la superficie edificable que les corresponde con el fin de construir las viviendas adicionales”.

“Es decir, que nosotros le pagamos la mecánica de suelo a la constructora, les cedemos parte de nuestro terreno, y ellos todavía se quedan con una parte adicional de lo que vendan de los departamentos extra que construyan. ¿No es esto un negocio?”Cuestiona irritada María de Jesús.

 

Viviendo en la calle

El gobierno capitalino, por su parte, ha recordado en múltiples ocasiones que las cifras de daños por el sismo son abultadas: más de 22 mil inmuebles con afectaciones de diferente consideración y 110 mil afectados que atender en múltiples delegaciones y colonias. Por lo que la reconstrucción de la ciudad tardará al menos otros cinco años.

Medio año después del terremoto, el ejecutivo de la ciudad asegura a través de su departamento de comunicación social que la etapa de reconstrucción “sigue avanzando”, luego de que finalizaran las obras de demolición de varios inmuebles colapsados, o con daños severos.

Es una verdadera vergüenza que nuestro gobierno ponga tantos “peros” a los ciudadanos en vez de ayudarlos como cualquier otro país lo haría, lo peor es que nuestras autoridades siempre buscan su beneficio propio dejando un legado de corrupción y violencia en nuestro país.

 

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