Aceleran venta de GIA+A

Aceleran venta de GIA+A

Surgió en 1996 como una sencilla viviendera. Al correr de los años y al polémico amparo de su cercanía con el expresidente Carlos Salinas de Gortari se convirtió en una de las 12 constructoras más grandes del país. Los dueños del negocio ahora buscan quién la compre.

El nombre de constructora y edificadora Grupo Ingeniería Arquitectura y Asociados (GIA+A) ha estado constantemente asociado a dos factores: la influencia del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y los contratos discrecionales que se le han otorgado a lo largo de la República Mexicana.

Una empresa millonaria que, ahora se sabe, Hipólito Gerard –su propietario, hermano de Ana Paula Gerard, esposa de Carlos Salinas– quiere vender ante la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegue a la Presidencia el próximo sexenio.

¿Por qué esa prisa por dejar empresa y país? Es conocida la enemistad entre AMLO y Salinas de Gortari. Se temen represalias, especialmente cuando se tiene un historial de asignaciones de contrato que podrían quedar bajo la sospecha legal, ya que en muchos de los concursos en los que la empresa ha participado es el único contendiente, o bien su oferta resulta muy por debajo de las cotizaciones de las otras compañías.

Los contratos ganados por GIA provienen del gobierno federal.

Desde 2010 y hasta 2014 la constructora de Gerard sumó cerca de 10,000 millones de pesos (mdp) en obra pública. Justo en ese año, el gobierno asignó a esa constructora contratos estimados en 1,200 mdp, derivados en obra de estados encabezados por gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como es el caso de Campeche, Nayarit y Estado de México.

En esta última entidad es donde se le ha sabido más activa. GIA está entre las empresas que participarían en el desarrollo del tren rápido México-Querétaro, obra que debió ser cancelada precisamente porque se encontró que estaba en manos de dos de las constructoras más polémicas del presente sexenio: Grupo Higa y GIA.

Ya con este historial, nuevamente provocó sospechas cuando en 2016 GIA+A ganó en Mérida, Yucatán, un contrato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para hacer un hospital en esa ciudad, primer proyecto de la primera Propuesta No Solicitada, un esquema en el que cualquier empresa puede plantear una obra de infraestructura al gobierno. Aunque esa figura está contemplada en la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP) lo que molestó en el sector es que fue precisamente la constructora sospechosa de estar entre las favoritas del gobierno actual quien obtuvo ese negocio.

El nombre de esta empresa también se considera entre las constructoras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), la obra más importante del gobierno de Enrique Peña Nieto. Recién se le manejó como uno de los aspirantes a obtener el contrato para construir el Centro Intermodal de Transporte de esa terminal.

A menos de un año de que concluya este periodo presidencial, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está por recibir las ofertas por el último paquete de cuatro tramos carreteros disponibles (APPs). Son contratos por más de 25,000 mdp por los que GIA+A, de Hipólito Gerard, ya levantó la mano.

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