Corrupción en México, una plaga que se apodera del país.

El reporte “Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción” –que se conmemora el 9 de diciembre–, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arrojó que, durante el 2015, en el país hubo 12 mil 590 personas involucradas en algún evento de corrupción al solicitar cierto trámite o servicio público por cada 100 mil habitantes de 18 años y más que tuvo contacto con algún servidor público.

No es mentira para nadie que este acto ilegal está presente en todos los sectores del país y que en los servidores públicos e instituciones gubernamentales es una práctica cotidiana.

Las tasas de prevalencia de corrupción más altas se encontraron en los estados de Morelos con 20 mil 92 víctimas por cada 100 mil habitantes que tuvieron contacto con algún servidor público. En Sinaloa hubo 18 mil 144; en Chihuahua, 17 mil 621; en Michoacán, 16 mil 321 y en la Ciudad de México se registraron 16 mil 167 víctimas de corrupción.

Parece que este mal que aqueja al país en lugar de disminuir aumenta día con día y cada vez son más personas quienes realizan actos corruptos, en cualquier sector de la sociedad. Por supuesto, los gobernantes son los primeros en poner “el ejemplo”, con lo que obligan a los ciudadanos a realizarlos en la búsqueda de mejorar su calidad de vida.

Lamentablemente, es un ciclo que no termina: Las consecuencias que la corrupción trae consigo son los costos monetarios directos o indirectos que afectan a las personas y a las empresas que se ven involucradas en este tipo de actos, y a la sociedad en general.

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