El nuevo PRI pero con la misma corrupción

En los últimos cinco años, 14 exgobernadores —la gran mayoría priístas— han sido acusados de corrupción, cinco fueron detenidos y están en prisión por delitos como desvío  de recursos públicos y nexos con la delincuencia organizada. A los capturados se suma el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, quien fue detenido el pasado viernes por el delito de peculado y lavado de dinero.

Los excesos son más públicos que nunca y han acercado a los mexicanos a un punto de quiebre. Ciudadanos empoderados, leyes de transparencia y medios con mayores libertades han expuesto los esquemas que han utilizado los gobernadores para desviar fondos públicos para su uso privado. Sin embargo, aunque esto ha dejado un rastro de evidencia de las ofensas, son pocos los gobernadores que han enfrentado la justicia.

Los líderes locales controlan las legislaturas estatales, a los auditores públicos y a los fiscales de sus estados; es un dominio que les da el poder de un soberano. Así, perseguir a los corruptos corre a cargo de los procuradores federales, pero la respuesta ha sido nula.

La generación que cambiaría al país es ahora protagonista de un escándalo de corrupción sin precedentes. Detener a los presuntos responsables ya no basta, señalan analistas y opositores. Ahora lo importante es que regresen el dinero que se llevaron y que los partidos políticos empiecen a construir una clase política que no esté contaminada.

De norte a sur, el PRI ha dañado los recursos públicos de los 22 estados del país que ha gobernado durante el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto

El cinismo está superando a la evidencia que tenemos a la mano. Falla la eficacia de la ley, el problema es que no se echa a andar para lo que fue creada. El problema, es cambiarles el chip a los funcionarios públicos de todos los niveles para que “entiendan” que las cosas deben ser diferentes y que no pueden hacer uso del poder como si fuera de su propiedad.

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