Un año más sin los 43

A tres años del ataque en el municipio de Iguala a los normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha sido capaz de llevar a una sentencia condenatoria a los más de 130 detenidos, (supuestamente) hay que recordar que la mayoría de los detenidos son parte de la organización Guerreros Unidos. Para el pueblo mexicano ya nada de esto parece extraño.

Ninguno de los implicados y a quienes se les inició proceso tienen acusaciones por desaparición forzosa, solamente cuatro casos, ¡Una reverenda estupidez!

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) calificó como “estancada” la investigación que tiene abierta la PGR, pues ya no les queda de otra, después de tanto tiempo ¿Qué van a decir?, es indignante su dichosa investigación.

A 36 meses de los hechos, la organización defensora de derechos humanos que acompaña a los padres de los normalistas señaló irregularidades durante el proceso de investigación que no han sido resueltas, como el ocultamiento de información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) relacionada con una libreta que le fue asegurada a un integrante de Guerreros Unidos en la que presuntamente se tenía un listado con datos de funcionarios; pues el gobierno no es nada menso.

El documento del Centro ProDH menciona que otro tema que no tiene avance es la diligencia realizada el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y que no fue informada al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), pues para que les informaban ¿Verdad?

Durante la diligencia fue llevado al río uno de los detenidos, Agustín García Reyes, “El Chereje”, porque, según la PGR y las declaraciones de algunos detenidos, habrían aventado allí bolsas de plástico con los restos de los normalistas, ya saben… Pura distracción para calmar los humos.

“Hasta el día de hoy no hay ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada ni mucho menos alguna sentencia que imponga sanciones por este crimen. Durante el periodo en que el GIEI estuvo en México detectó múltiples irregularidades en la investigación y demandó que éstas fueran debidamente indagadas y sancionadas”, comentó la PGR.

Las líneas de investigación que han solicitado los familiares de los normalistas, relacionadas con la actividad que todavía tuvieron los celulares de los jóvenes días después del ataque; la posible participación de policías municipales de Huitzuco, de militares y el trasiego de droga en autobuses con destino a Estados Unidos, también son señalados con rezagos por el Centro ProDH.

En el caso de los teléfonos de los normalistas, por lo menos siete de ellos tuvieron actividad pese a que la PGR aseguró que los aparatos habían sido destruidos instantáneamente, pero no hay nada raro en el caso, es más… Mejor hay que olvidar todo.

“Esto es especialmente grave, dado que hay indicios de que algunos de estos aparatos, o sus chips, estuvieron en manos de servidores públicos aún no acusados; a la fecha, la PGR no ha concluido el análisis de telefonía”

Según el Centro Pro, el documento refiere que la PGR menciona la detención de 170 personas, aproximadamente, relacionadas con la desaparición de los estudiantes; de ese total, 97 son presuntamente integrantes de Guerreros Unidos, 54 policías de Iguala y 19 policías de Cocula; sin embargo, sólo alrededor de 70 están directamente acusados de los delitos cometidos contra los normalistas o lo más seguro, agarraron a cualquier personas y se lo adjudicaron, ya saben, esas cosas siempre pasan.

Cabe recordar que el informe del GIEI menciona que, de acuerdo con testimonios, se estableció un radio de 80 kilómetros, desde el punto de ataque, para evitar que los normalistas pudieran salir de Iguala la noche del 26 de septiembre.

El documento del GIEI detalla que en una salida de la localidad había elementos de la Policía Federal que desviaban la circulación por un camino de terracería y que ese radio que establecieron diferentes corporaciones era  desde la carretera Iguala-Chilpancingo hasta la comunidad de Sabana Grande, en Mezcala, incluyendo Huitzuco.

De qué sirve que nuestro gobierno busque tener al mejor cuerpo policíaco, federal y del ejército si al final estas personas son las que nos dan más miedo que los mismísimos delincuentes, estos 43 son un ejemplo de las miles de personas que desaparecen a los largo de los años en nuestro país y que al final el gobierno termina haciéndose de la vista chiquita.

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