Los terremotos pasaron por encima de la corrupción

La corrupción para la autorización de uso de suelo es una práctica que está creciendo en la Ciudad de México. En 15 años la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial ha recibido 8,870 quejas en el tema; de las cuales, dos terceras partes corresponden a los últimos cinco años.

Una de las construcciones más afectadas y donde precisamente han salido a flote más irregularidades, como el funcionamiento con un documento falso; es el colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 19 niños tras el sismo.

Según vecinos del colegio y familiares de las víctimas, la construcción del llamado “edificio administrativo” se llevó a cabo de manera irregular, violando la altura de tres niveles permitida para una escuela.
Esto, porque la dueña y directora del Colegio, Mónica García Villegas, construyó su departamento en un tercer piso encima del Jardín de Niños. Y un cuarto nivel como roof garden. Esa nueva construcción colapsó dando inicio a una historia que al igual que hace 32 años, refuerza que a la corrupción se le olvida que vivimos en una zona de terremotos.
Los vecinos de la calle Rancho Tamborero fueron testigos de la expansión del colegio Rébsamen, y aseguran que la construcción fue clausurada al menos tres veces por la Delegación Tlalpan. La delegada de esa demarcación, Claudia Sheinbaum, dijo que indagará las posibles irregularidades, y pidió a la Marina que no demuelan los restos del edificio colapsado antes de realizar un peritaje en el mismo.

Las interrogantes son muchas: ¿Dónde quedaron las predicaciones de tanto protocolo que se expidieron en 1986 con el fin de regularizar las construcciones y que la historia del 85 no se repitiera? ¿Claudia Sheinbaum, estará investigando quién en su delegación permitió que la dueña de la escuela Enrique Rébsamen instalara su domicilio particular sobre las aulas del colegio? ¿Qué pasará con los responsables de los demás inmuebles colapsados que fueron construidos bajo la corrupción?

Arquitectos consultados aseguraron que –aunque México “aprendió” de aquel siniestro de hace 32 años y los daños pudieron ser mayores– la corrupción en el tedioso proceso de obtener los permisos para construir, la calidad de los materiales seleccionados para ahorrarse costos o los daños no resueltos en sismos previos pudieron haber sido algunas de las causas de los desplomes registrados y que provocaron la muerte de decenas de ciudadanos.

Es increíble que pese a leyes y protocolos, los directores de obra siguen operando sin permisos. Ahora los responsables no se harán cargo de las consecuencias de esto, simplemente quedarán en el olvido, enterrados bajo los escombros.

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